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¿Quiénes y por qué deben pagar el impuesto al ingreso?

por Osvaldo Nina

La Prensa, 09.02.2003

Un proyecto de una nueva política tributaria despierta fuertes reacciones de la población, en parte debido a los efectos distributivos no deseados que tendrá esta medida. La propuesta tributaria actual del Gobierno está generando últimamente manifestaciones que se han visto en titulares de prensa según los cuales la medida será regresiva, la clase media será la más afectada, etc.

Este artículo se propone entregar razones que ayuden a encauzar las discusiones, pero con la introducción de una distinción fundamental que muchas veces está ausente en la discusión pública de temas tributarios. Esta distinción parte de la premisa de que lo que debería importar a un contribuyente no es su carga tributaria, es decir, cuánto cancela por impuestos, sino la diferencia entre lo cancelado y lo que recibe del Estado en bienes y servicios.

Esta idea no es nueva y fue explorada en varios trabajos sobre reforma tributaria. El efecto distributivo de un impuesto se puede determinar considerando sólo quién lo paga, o bien incorporando también quién recibe lo recaudado. En el primer caso hablamos del efecto distributivo directo del impuesto, mientras que cuando se incorpora lo gastado hablamos del efecto distributivo total. El efecto distributivo directo de un impuesto es determinado por la fracción del ingreso que distintos contribuyentes destinan a pagarlo. Sin embargo, es inconveniente evaluar el impacto distributivo de un impuesto sólo por su efecto directo. También es necesario evaluar el efecto total, el que depende de cuán bien se asigna el gasto social o transferencias.

Considerando esta premisa e incorporándola dentro un contexto dinámico, es decir, que los pagos de los impuestos y las transferencias no son realizados en un mismo período, tratemos de responder a las preguntas que motivaron este artículo.

¿Quiénes deben pagar?
La respuesta es simple; las personas que se beneficiaron del gasto público social en el pasado. Sin ir muy atrás, de acuerdo a un trabajo elaborado para la Iniciativa 20/20, que fue adoptada por la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de 1995, el gasto público social de la gestión 1990 fue regresivo. El 40 por ciento más acaudalada de la población, que tuvo una participación del 76% del total de los ingresos, se beneficiaron del 66.4% del gasto en vivienda, 49.2% del gasto en educación superior, 45.7% del gasto en salud pública, y 44.2% del gasto en seguridad social.

Estos subsidios indirectos transferidos por el Estado a esta población, que fueron superiores a sus impuestos pagados, han contribuido a acelerar su acumulación de capital humano. Este hecho estaría explicando el aumento de la desigualdad de ingresos en los últimos años. Los salarios percibidos por esta población, con más de doce años de escolaridad, es seis veces superior respecto al salario percibidos por la población que difícilmente terminó la primaria. Por lo analizado, esta población, donde se encuentra la denominada clase media, tiene la obligación moral de pagar impuestos para que los más desfavorecidos actualmente puedan contar con las misma oportunidades que tuvieron hace unos doce años atrás.

¿Por qué deben pagar?
El actual sistema democrático ha generado un desequilibrio entre actores políticos y sociales que perjudica crecientemente a los más vulnerables, impedidos de ejercer la presión a los grupos de interés organizados. Esto más la complejidad de las instituciones estatales y su impenetrabilidad, impiden el control de la actividad gubernamental por parte de la sociedad.

Como las posibilidades de ampliar la participación de los ciudadanos en el control de las políticas públicas son remotas, entonces ¿cómo impedir que los canales de corrupción se expandan? Una solución, aunque con resultados inciertos, es sin duda el impuesto al ingreso. Si la mayor parte de la recaudación proviene del 40 por ciento más acaudalada de la población, se abrirá la posibilidad de la creación de un mecanismo de control social por estos individuos.

Este mecanismo posiblemente estará formado por los empleados públicos y parte del sector privado, aquellos que tienen responsabilidad social y, lamentablemente, los que no tienen forma de evadirla. La reducción de sus ingresos le otorgará el derecho de ejercer presión para el manejo transparente y eficiente de las finanzas públicas por el Estado. A medida que este mecanismo logré su fortalecimiento, ellos podrán, probablemente, imponer que la política tributaria asuma como objetivo central, por el lado de los ingresos y de los egresos, la reducción efectiva de la pobreza. Condición que es necesaria para generar un crecimiento y desarrollo con equidad social.